Descriminalizar para vencer

A finales del siglo XIX el poeta portugués António Nobre escribió que “quien nunca ha visto Lisboa nunca ha visto nada bonito”.

Con sus siete colinas de idílicas vistas sobre el río Tajo, costumbristas callejuelas y clima envidiable –cualquier lisboeta te dirá, con orgullo, que su ciudad es la capital europea con más horas de luz por año–, no es difícil considerar que la capital lusa es una especie de paraíso a las orillas del Atlántico. Sin embargo, entre 1975 y principios de la década de los 2000, en aquel paraíso también había un infierno.

“Lisboa era una ciudad completamente diferente a finales del siglo pasado”, recuerda Paula Duarte, lisboeta de 45 años. “Los edificios son los mismos, pero por aquel entonces las calles y praças estaban tomadas por la heroína y los drogadictos”.

“No era raro encontrártelos en las esquinas, inyectándose, tampoco sorprendía toparte con el cadáver de algún muerto por sobredosis en el portal”, recuerda Duarte. “Era peligroso llevar a los niños a jugar al parque porque te encontrabas jeringuillas tiradas en el césped. Por todas partes veías a los adictos vagabundeando como zombis, y los más desesperados robaban las radios de los coches para intentar conseguir dinero, asaltaban a gente con cuchillas… Era terrible.”

El principal mercado de heroína de la ciudad era el barrio de Casal Ventoso, una antigua colonia de marineros y estibadores localizada entre el icónico Puente 25 de Abril y el Acueducto de las Aguas Libres.

“Ir ahí era adentrarse en un submundo”, relata Duarte. “Durante mi época universitaria tuve un compañero de piso que se enganchó a la droga. Un día me pidió que le llevara hasta allí en mi coche porque estaba con el mono; yo no quería, pero como le veía realmente fatal al final accedí a llevarle hasta la entrada del barrio”.

Lo que vio ahí dejó a Duarte profundamente desconcertada. “Era una escena dantesca. Veías personas enmagrecidas, parecían como si habían salido de un campo de concentración. Caras desesperadas en busca un chute. Y lo peor es que no hablamos de uno o dos, sino de cientos de personas”.

 


 

I. Una solución dramática

 

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Drogadictos se ‘pinchan’ en Casal Ventoso a finales de los años 90. | Archivo

Durante los años noventa Casal Ventoso era el mayor mercado de droga de toda Europa.

Más de 5.000 personas acudían a este barrio en busca de sustancias ilícitas cada día, un número alarmante considerando que la población total del área metropolitana de Lisboa es de apenas dos millones habitantes. Sus callejuelas llenas de drogadictos con miradas ausentes y heridas abiertas eran la representación visual de un país minado por la heroína, porque en el Portugal de finales del siglo pasado existían cientos de mini Casal Ventosos, en grandes ciudades como Oporto, Faro o Braga, en pueblos costeros y aldeas del interior del país.

Según un informe del Observatorio Europeo de las Drogas y la Drogadicción, en 1999 el 1% de la población de Portugal -100.000 de un total de 10 millones de lusos– era adicto a la heroína, y miles de personas adicionales habían tonteado con el opioide o dependían de la cocaína. Cientos de personas morían de sobredosis cada año, y la prevalencia de drogas intravenosas había hecho que el país tuviese la tasa más alta de nuevos infectados de VIH entre usuarios de drogas inyectables de toda la Unión Europea, con 907 casos diagnosticados en el año 2000.

Diferentes administraciones intentaron hacer frente a la crisis criminalizando la posesión de las sustancias ilícitas e imponiendo duras penas de prisión a quienes las consumían. Lo único que consiguieron fue llenar las cárceles de drogadictos, llegando al extremo de que en 1999 en 44% de los reclusos portugueses estaban encarcelados por delitos relacionados con el consumo de drogas.

Entretanto, los drogadictos no se atrevían a buscar tratamiento por miedo a las sanciones legales que podría conllevar reconocer ser un drogadicto. Sucesivas encuestas nacionales situaban a las drogas como la principal preocupación de los lusos, y había una enorme presión sobre los líderes políticos para que buscaran una solución urgente a la crisis nacional.

En 2001, el Gobierno de Portugal tomó la decisión radical de descriminalizar el uso y la posesión de todas las drogas. Continuarían a ser ilegales, pero desde ese momento en adelante su tenencia para uso personal, y el consumo de las mismas, dejaría de ser delito, pasando a ser considerado una falta administrativa. No habría pena de prisión ni expediente policial. Lo que hasta entonces se había considerado como un problema judicial pasaba a ser designado como un problema de salud, y la reacción del Estado ante ese problema sería de ayuda, no de castigo. El enfoque pasaba a ser la dignidad de drogadictos y el tratamiento de su enfermedad.

La reacción global a la descriminalización no se hizo esperar. Los estadounidenses condenaron la peligrosa retirada en plena “Guerra contra las Drogas” y vaticinaron que se dispararían las tasas de consumo dentro del país. Observatorios de drogadicción tacharon la decisión de irresponsable. Editoriales internacionales predijeron que Portugal se llenaría de turistas en busca de un chute fácil.

El consumo y la posesión de sustancias ilícitas continuaría a ser ilegal, pero dejaría de ser delito, pasando a ser considerado una falta administrativa.

Quince años después, el revolucionario modelo portugués es universalmente reconocido como un éxito rotundo, digno de estudio, y tal vez incluso de exportación al resto del mundo.

El ser apañado consumiendo drogas ya no implica ir a la cárcel, sino ser ofrecido la posibilidad de recibir tratamiento. Los recursos que antiguamente eran utilizados para perseguir y encarcelar a drogadictos ahora van destinados al tratamiento de los consumidores y la persecución efectiva de los grandes traficantes, cuyos delitos continúan a ser penados con largas penas de prisión. En la última década y media las tasas de consumo han aumentado en el resto de la Unión Europea, pero en Portugal se han mantenido, o incluso disminuido, los porcentajes de uso de hace década y media. Y la atención que ahora reciben miles de drogadictos –que antes temían las consecuencias legales de pedir ayuda médica– ha resultado en la caída en pico de nuevos casos de infecciones de VIH entre drogadictos y el fin de la epidemia de muertes por sobredosis.

¿Cómo es posible que uno de los países más pobres y conservadores de Europa haya sido el pionero en la lucha contra las drogas? La respuesta pasa por el doctor João Castel-Branco Goulão, ideólogo del modelo portugués.

Drogas y democracia
El despacho del doctor Goulão, director del Servicio de Intervención de los Comportamientos Adictivos y de las Dependencias (SICAD) podría pertenecer a cualquier funcionario medio o a un abogado menor. Ubicado en la octava planta de un bloque empresarial de la lisboeta Avenida de la República, se ven algunos edificios nobles de principios del siglo pasado, y tantos otros de la época del Estado Novo, pero en una ciudad de miradouros la vista desde su ventana es poca cosa. Hay un leve olor a tabaco -irónicamente, el director del servicio contra comportamientos adictivos es fumador-, y el espacio pequeño está lleno de montañas de papeles repartidas entre las sillas y mesas.

Sólo un par de fotos del médico con personalidades de renombre –una con el ex presidente luso Jorge Sampaio y otra con la Reina emérita de España, Sofía de Borbón– revelan su importancia. Eso, y la condecoración que recibió como símbolo de agradecimiento por los servicios prestados al Estado, aparentemente olvidada al lado de un cenicero en la estantería.

Cuando se habla del modelo portugués, se habla inevitablemente de Goulão, pues no sólo fue quien ideó la creación del sistema actualmente en vigor, sino que también ha sido quien ha dirigido su implementación desde 1997.

“Soy el funcionario que más tiempo ha estado como director de un organismo de la administración pública lusa”, reconoce el doctor.

Según Goulão, el problema de las drogas en Portugal no se entiende sin la Revolución de los Claveles.

“Antes de 1975 no habían drogas en Portugal. La dictadura salazarista nos había mantenido demasiado pobres y aislados para eso. Turistas extranjeros no venían aquí por miedo a la policía política, y también porque el país parecía tercermundista. El movimiento hippie nunca llegó a tierras lusas, y tampoco lo conocimos viajando fuera porque los jóvenes no podían salir del país. El Gobierno nos necesitaba para el servicio militar en las colonias”, explica el médico.

Aquel Portugal oscuro y aislado murió el 25 de abril, 1974, cuando un movimiento de jóvenes oficiales lanzó el levantamiento militar que derrocó a la dictadura. Los capitanes de abril querían celebrar elecciones libres, liberar a los presos políticos y suprimir la temida policía secreta, pero el objetivo principal era poner fin a la Guerra Colonial en las posesiones del imperio luso en África, el Vietnam portugués en el que miles de soldados lusos habían muerto.

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Soldados avanzan por el centro de Lisboa el 25 de abril de 1975. | Archivo

El nuevo Gobierno ordenó la retirada inmediata de las colonias africanas, permitiendo así la independencia de Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe. Cientos de miles de colonos volvieron para Portugal, y les acompañaron los miles de jóvenes soldados que habían estado luchando contra los movimientos de liberación popular en las antiguas provincias de ultramar.

“Fue una locura”, recuerda Goulão, quien por aquel entonces era un estudiante de medicina en la Universidad de Lisboa. “La Guerra había sido tan violenta que el Gobierno había relajado las condiciones entre los soldados, y en las colonias hacían la vista gorda con el consumo de drogas. Cuando los soldados volvieron, lo hicieron con sacos llenos de cannabis, que de pronto pasó a ser abundante en Lisboa”.

Esos primeros años de libertad se convirtieron en una fiesta tanto de la democracia como de la droga. Mientras los políticos debatían la nueva constitución, los portugueses experimentaban con todo tipo de sustancia desconocida. “No sabían lo que hacían. Pensaban que todas las drogas eran iguales, por lo que no dudaban en pasar del cannabis a la cocaína y la heroína. Nadie entendía el concepto de adición”.

La resaca nacional
El resultado de tanta experimentación desenfrenada es que Portugal pasó a tener una población con poca diferencia entre quienes probaban drogas ocasionalmente y quienes desarrollaban una adicción seria. En su consulta de médico de familia en Faro, Goulão comenzó a toparse con los primeros casos de drogadictos buscando tratamiento y, más tarde, algunos de los primeros casos de SIDA en Portugal.

Mientras empeoraba el problema a nivel nacional, Goulão tomó cada vez más interés en el asunto, recibiendo formación formal para tratar con drogadictos y luego estableciendo una red de pequeños centros de atención por el sur del país. Su fama de pionero en el tratamiento de los drogadictos hizo que en 1998 José Sócrates –quien luego sería primer ministro luso, y entonces ministro adjunto del Gobierno del socialista António Guterres– le encargara la elaboración de un informe proponiendo un plan comprehensivo para la lucha contra las drogas en Portugal.

“El problema era tan grave que desde el Gobierno se nos hizo saber que todas las opciones estaban sobre la mesa,” recuerda Goulão. “La única cosa que no podríamos proponer era la legalización, porque los tratados internacionales de los que éramos partícipes expresamente prohibían ese recurso”.

El equipo que redactó el informe –compuesto por juristas, agentes sociales, médicos, psicólogos– habló con técnicos y pacientes, viajaron a varios países Europeos para ver qué estaba funcionando en cada uno de ellos, y al final fallaron a favor de la descriminalización.

“Descriminalización, no legalización”, insiste Goulão. “Las drogas seguirían siendo ilegales, pero nuestra lucha contra la adición pasaría a ser uno basado en los pilares de prevención, tratamiento y dignidad”.

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Publicidad de la campaña ‘droga, locura, morte’ | Archivo

En el ámbito de  la prevención, el informe abogaba por acabar con las campañas estatales anti-droga por ser inútiles. “Tuvimos una muy famosa, con el lema ‘drogas, locura, muerte’ sobre la imagen de una calavera”, recuerda el médico. “¡Vaya tontería! Todos teníamos familiares que consumían y sabíamos que la mayor parte de ellos ni estaban locos, ni estaban muertos”.

Por el contrario, el informe proponía llevar a cabo campañas de sensibilización individualizada, hablando con la gente directamente y acudiendo a las calles para animar a los drogadictos para que buscaran tratamiento o al menos consumieran las sustancias de la manera más segura posible.

A la vez, el informe proponía destinar los fondos que el Estado se ahorraría la descriminalización al tratamiento de los drogadictos. “Portugal era pionera en tratamientos desde los años 90. Fuimos de los primeros en crear programas para el intercambio de jeringuillas, por ejemplo. Pero estas medidas no estaban reconocidas legalmente, y el hecho de que el consumo fuese criminalizado hacia que muchos drogadictos temiesen pedir ayuda”.

“Por eso”, explica Goulão, “propusimos institucionalizar estas medidas, ampliar la red existente de centros de tratamiento a todos los niveles, facilitar el acceso a las terapias de sustitución. Quién es adicto a la heroína en realidad tiene una adicción a los opiáceos, y esta terapia sustituye la heroína por la administración controlada de metadona, un opiáceo mucho menos dañino y sin los efectos secundarios de la heroína. Nuestro informe abogó por potenciar iniciativas en este respecto, como el reparto de metadona con unidades móviles”.

Finalmente, el informe insistía en reivindicar la dignidad de los drogadictos a través de esta nueva actitud enfocada en la salud del drogadicto. “Considerábamos importantísimo quitarle el estigma a las personas que dependían de las drogas, y de ayudarlos desinteresadamente. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie, ni a decirles cómo tienen que vivir su vida. Estamos aquí para ofrecerles una salida si es que quieren salir de ese mundo”.

La teoría de la práctica
Según el sistema propuesto, quienes fuesen cogidos consumiendo o en posesión de estupefacientes y substancias psicotrópicas para uso personal no serían llevados ante los tribunales, no se expondrían a penas de prisión, y no terminarían con un expediente criminal. En vez, serían objetos de sanciones administrativas determinadas por unas nuevas entidades administrativas, las Comisiones para la Disuasión de la Tóxico-Dependencia.

JGoulao 01 160226El doctor João Castel-Branco Goulão. | Enric Vives-Rubio

Con este nuevo sistema, traficar con drogas continuaría siendo un delito con penas de prisión. Pero, a diferencia de otros países de Europa –entre ellos España– se establecía una rúbrica fija para determinar la diferencia entre la tenencia de drogas para consumo personal y la posesión con intención de traficar. Poseer cantidades del principio activo de una determinada droga superior al monto especificado para 10 días de consumo personal –una cantidad significante de la sustancia– implicaría tráfico.

En la práctica, quería decir que cuando la policía interceptara a individuos que estaban en proceso de consumir, o se encontraban en posesión de sustancias ilícitas, les citarían para comparecer ante la Comisión Disuasoria local en cuestión de 72 horas. Ya en la Comisión, compuesta por un equipo de profesionales de la salud y juristas, el individuo sería entrevistado y se procedería a hacer una evaluación tanto de su consumo de drogas como también de la motivación detrás de ese consumo. La Comisión entonces determinaría si se trataba de un caso de drogadicción o no.

En el caso que la Comisión considerase que se trataba de un caso sin indicios de dependencia, el procedimiento automáticamente quedaría suspenso. El individuo sería alertado acerca de los riesgos de su comportamiento y las implicaciones legales, y sólo sería sancionado (económicamente o con trabajo social obligatorio) si reincidía.

En la situación contraria, en la que la Comisión considerase que el individuo mostraba señales de dependencia, éste sería obligado a acudir a un centro de tratamiento para ser evaluado nuevamente y, si quisiera, comenzar tratamiento. Incumplir las órdenes de la Comisión se consideraría como un acto de desobediencia administrativa, un acto delictivo.

El informe de Goulão contó con el visto bueno del Consejo de Ministros, y durante los siguientes dos años las propuestas fueron adaptadas para su presentación como la Ley 30/2000 del 29 de noviembre del año 2000,  apoyada por la mayoría parlamentaria formada por los partidos de la izquierda, y ratificada por el presidente Jorge Sampaio.

El 1 de julio del próximo año entraba en efecto.


 

II. Recuperando la dignidad

 

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Audiencia de la Comisión Disuasoria de Lisboa. | Enric Vives-Rubio

Disuasión pragmática
En la sala de espera de la Comisión Disuasoria de Lisboa –una de las 18 que se encuentran en cada capital de distrito del país– un joven lamenta su mala suerte. Hace unos días había estado a lo suyo, tranquilamente fumando un porro en la puerta de su casa cuando un agente de la policía municipal apareció de la nada.

“Lo peor es que ya prácticamente lo había terminado,” dice con amargura.

El agente tomó sus datos y le avisó que sería citado para aparecer ante la Comisión Disuasoria en cuestión de 72 horas. Al ser menor de edad, ésta mañana ha tenido que venir a la primera planta de este edificio setentero acompañado por su tutor legal –su abuelo, un señor mayor con gafas gruesas y pelo canoso–. El anciano decide ir a dar paseo mientras el joven pasa a ser evaluado por el equipo técnico de la Comisión, compuesto por una psicóloga y varios asistentes sociales.

“Nuestro objetivo es hacer un primer reconocimiento y establecer las pautas de consumo y la motivación del individuo”, explica la psicóloga clínica Raquel Lopes. “La situación en la que se encuentran es seria, pero intentamos crear cierta empatía e intentar conectar con ellos para que hablen libremente”.

Este primer encuentro sirve para que el equipo técnico analice si existen indicios de dependencia, o si el individuo requiere algún tipo de atención social particular. Todos estos factores se incluyen en un informe que es entregado a la Comisión para ser analizado.

Aunque la palabra ‘Comisión’ puede invocar imágenes mentales de tribunales solemnes o autoridades severas, una clave de la descriminalicen es la determinación de desligar el problema de las drogas del mundo criminal y preservar la dignidad del consumidor. El asunto se trata con tanta sensibilidad que quienes son pillados por la policía consumiendo o en posesión de drogas pueden elegir la manera en la que quieren ser informados de la hora y día de su cita ante la Comisión. De esta manera se intenta evitar que una carta inoportuna delate los hábitos del citado a familiares que no saben que consume drogas.

“Entre 1.500 y 2.000 personas son citadas cada mes”

Dentro de la propia Comisión hay cierto énfasis en que el proceso parezca administrativo. Las audiencias no se celebran en salas formales con bancos, sino en espacios de conferencia en los que todos se sientan entorno a una mesa. El ambiente es distendido, y los miembros de la Comisión –un psicólogo clínico, un sociólogo y un jurista– visten ropa de calle normal mientras charlan con el citado y evalúan qué acción sería la más apropiada.

“Entre 1.500 y 2.000 personas son citadas cada mes”, explica el doctor Vasco Gomes, psicólogo clínico y presidente de la Comisión de Lisboa. “Si es una primera ofensa, el proceso queda automáticamente suspendido, pero nos quedamos con los datos de esa persona durante un periodo de cinco años. Si vuelven a ser citados, ya pasamos a emitir sanción, sea en la forma de una multa o con trabajos sociales”.

El joven que aparece ante la Comisión ésta mañana es un reincidente. Después de analizar el informe técnico y hablar con el citado, los miembros quedan satisfechos que no tiene una dependencia, pero deciden aplicar una sanción: tendrá que pagar una multa de entre 25 y 50 euros.

“Es una multa simbólica, con un objetivo disuasorio”, señala Gomes, que apunta que las multas sólo se aplican en los casos en los que no existe una dependencia. “No tendría sentido cargar a un drogadicto con una sanción económica, y de hecho está prohibido por ley”.

Cuando la Comisión establece que la persona muestra indicios de dependencia, las acciones que lleva a cabo son diferentes. “En estos casos hacemos todo lo posible para encaminar a esa persona hacia el tratamiento, de la manera más inmediata posible. Siempre que sea posible, y que ellos estén dispuestos a hacerlo, intentamos conseguirles una cita en un centro de tratamiento al próximo día”.

Si aceptan acudir al centro de tratamiento, el proceso automáticamente queda suspendido. Si rehúsan, la Comisión les puede ordenar a comparecer en un centro de salud periódicamente. La psicóloga Lopes explica que “es una forma de mantener un seguimiento y conseguir que reciban atención médica regular, que mantengan sus heridas limpias”.

“No podemos obligar a la gente para que acepte tratamientos, pero hacemos todo para que estén bien, en la medida de lo posible”.

Recuperación moral
Muchos de los drogadictos que aceptan el tratamiento que les ofrece la Comisión Disuasoria son referidas al centro de tratamiento de referencia de la capital lusa, el Centro Das Taipas.

El Centro se encuentra dentro de un pabellón idéntico a otros 40 edificios dentro del laberíntico Hospital Júlio Montes, ideado a principios del siglo pasado para ser el “manicomio modelo” del país. Sus hermosos edificios se fueron vaciando con los avances de la psiquiatría y la invención de nuevos medicamentos que hicieron que el internamiento ya no fuera imprescindible. Hace unos años una inmobiliaria tanteó al Ayuntamiento con la idea de convertir los pabellones en chalets de lujo, pero por el momento el complejo sigue siendo público, y los pacientes disfrutan de sus salas con enormes ventanales que hacen que los interiores sean tremendamente luminosos.

“A veces los pacientes se pierden cuando vienen aquí por primera vez, pero el entorno y los servicios que ofrecemos hacen que la búsqueda valga la pena”, afirma el director del Centro, el doctor Miguel Vasconcelos. “Nos centramos en el tratamiento multidisciplinar de los comportamientos adictivos, no sólo tratando la dependencia, sino trabajando las áreas de la reinserción social y laboral, la prevención de riesgos para la reincidencia y la minimización de daños mentales y físicos”.

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Bocetos en el taller de azulejos del Centro das Taipas. | Enric Vives-Rubio

Cuando acuden al Centro por primera vez, los pacientes son encaminados a una primera consulta de evaluación. “Aquí nos llega de todo. Muchos vienen referidos por los Centros de Disuasión, ‘invitados’ a visitarnos”, explica la psicóloga Fernanda Brum con una sonrisa irónica. “Pero también nos llegan muchísimas personas que vienen por iniciativa propia”.

La clave de esa primera consulta es determinar si la persona realmente tiene una adicción y, si fuera el caso, determinar el tipo de tratamiento que requiere. Brum dice que muchas de las personas que llegan al centro no son drogadictos. “Hay chavales llegan aquí porque después de recibir citaciones al ser pillados en la calle fumando un porro, o tomando pastillas en una fiesta trance, pero que sólo utilizan drogas de manera muy esporádica y no sufren ningún tipo de síndrome de abstinencia. Chavales que, básicamente, estaban en el sitio equivocado en el momento equivocado”.

Para Brum es evidente que en esos casos no se trata de una adicción, pero dice que la decisión de consumir drogas, incluso esporádicamente, puede indicar que el individuo tiene alguna preocupación que le exige recurrir a las sustancias ilícitas para intentar pasarlo bien.

“Yo siempre les digo lo mismo: sé que estás aquí por orden de la Comisión, y sé que esto es un coñazo, pero ya que te están haciendo venir aquí y tienes un psicólogo a tu disposición y sin coste alguno, ¿por qué no lo aprovechas? Muchos aceptan hablar, cogen confianza, comparten preocupaciones vitales, y les intentamos ayudar, sea con terapia o refiriéndoles a trabajadores sociales”.

Cuando hay indicios de una dependencia, el equipo del Centro desarrolla un plan de tratamiento, que puede variar desde sesiones de terapia hasta procesos de sustitución de opiáceos. Pero, ¿qué pasa si alguien no quiere recibir tratamiento?

“El 90% de las personas con problemas de dependencia que pasan por aquí aceptan comenzar un proceso de tratamiento, aunque eso no implica que lo lleguen a completar”, dice Brum. “Cada cierto tiempo hay alguien que no quiere tratamiento, que no quiere hablar. No pasa nada, no vamos a forzar a nadie. Les informamos de nuestros servicios, les aconsejamos sobre los riesgos de utilizar drogas, y les animamos a volver a vernos cuando quieran. La puerta siempre está abierta, y al menos ya saben que estamos aquí si nos necesitan”.

Superación personal
Quienes aceptan ser tratados en el Centro no sólo reciben atención médica sino que también se benefician de un entramado de servicios de apoyo para facilitar su reinserción social.

En una parte del complejo varios pacientes participan en módulos artísticos orientados a su reinserción laboral. Una sala entera esté dedicada al diseño de los característicos azulejos lusos, en otras enseñan cómo restaurar muebles, hacer bordados o trabajar con la informática. “Todo va orientado para que aprendan oficios que luego puedan serles sean útiles para buscar trabajo”, explica el coordinador Vasconcelos.

A sus 41 años, Ricardo es uno de los pacientes que acude a los módulos del Centro, que describe como un refugio. “En casa sólo tengo problemas. Mi padre sufrió un derrame cerebral y está paralizado, mi madre tiene diabetes y mi hermano es drogadicto. Vengo aquí todos los días para seguir un horario e intentar salir de allí”.

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Ricardo, paciente del Centro das Taipas. | Enric Vives-Rubio

“Comencé a fumar hachís con 11 años, y a tomar cocaína con 14 años. A los 19 ya me estaba inyectando heroína. Las drogas me han destrozado la vida, mi mujer me dejó, estuve viviendo en la calle un tiempo y casi morí de una sobredosis en 2001. Llegué al punto más profundo del pozo, e incluso en ese momento no me atreví a pedir ayuda”.

Hace ocho años decidió dar el paso, y desde entonces toma metadona a diario como parte de su terapia de sustitución de opioides. Durante ese tiempo continuó fumando hachís, pero en 2014 también decidió librarse de esa dependencia.

“Me sentía paranoico y estaba harto de sentirme sólo y con miedo, encerrado en casa. Tenía miedo de cometer alguna locura y terminar internado. Como aquí ya me habían ayudado hace años decidí volver, y me ayudaron de nuevo”.

“Convivir con gente que sigue consumiendo es difícil”, reconoce Ricardo. “Por eso agradezco poder venir aquí durante el día y que me hayan ayudado establecer un objetivo. Pronto comenzaré un curso de informática, y espero trabajar en ello en el futuro”.

En otra parte del Centro la doctora Esther Casado dirige un módulo que trabaja con embarazadas en tratamiento. “Hay prioridad absoluta para estos casos. Ayer nos llegó una nueva paciente, embarazada y adicta a la heroína, y esa misma tarde día comenzó una terapia de metadona y le hemos conseguido una cita urgente en obstetricia. Vamos a hacer todo lo posible para asegurar la estabilidad del bebé e intentar evitar que sufra del síndrome de abstinencia”.

Ésta mañana varios pacientes participan en una sesión de fisioterapia para embarazadas en el gimnasio. “Es una actividad colectiva que tiene como objetivo hacer que se sientan bien físicamente, pues además de las molestias naturales del embarazo también están dejando la droga. Y es una actividad fija que les ayuda desarrollar un horario, a llenar su día”.

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Mientras charlamos, pasa a saludar una mujer alta y elegante. Anuncia que ha conseguido un trabajo en una papelería, y Casado grita con alegría. Luego, la doctora explica que se trata de un gran éxito. “Cuando esa chica vino aquí por primera vez estaba embarazada y enganchada a la cocaína. Olía mal, tenía indicios evidentes de maltrato físico, casi no parecía una persona. Pero hizo el tratamiento y ha reconstruido su vida completamente. Su hija es una preciosidad, ha nacido sin ningún tipo de complicación, y ella ya ha conseguido dejar la metadona. Es un caso de superación sin igual”.

“Hay mucha gente que viene sólo cuando lo han perdido todo. Recuerdo un señor de 60 años, adicto a la cocaína y la heroína, que llegó y me confesó, ‘Yo tenía mi vida, mi coche, mi casa, mi trabajo, mi familia, y ahora lo he perdido todo, estoy viviendo en la calle, en una caja de cartón’. A veces necesitan llegar a ese límite para pedir ayuda”.

Tratamiento al aire libre
Al otro lado de Lisboa, bajo un puente a escasos metros de la residencia palacial del Embajador de España en Portugal, un grupo de hombres y mujeres forman una cola ante dos furgonetas blancas. Es el mediodía, y durante la próxima hora y media el equipo de la Asociación Ares do Pinhal repartirán metadona a la centena de personas que se acercan a sus camiones.

“Cualquiera puede acceder a este servicio”, dice Fernando Afonso, trabajador de la Asociación desde 1987. “Sólo necesitan hacer un análisis de orina instantáneo que de positivo para heroína para comenzar la terapia de sustitución”.

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Un paciente que está realizando una terapia de sustitución recibe su dosis diaria de
metadona en la unidad móvil de la Asosciación Ares do Pinhal en Lisboa. | Enric Vives-Rubio

Una vez que comienzan la terapia, el equipo de Ares do Pinhal les hacen un seguimiento intensivo y diseñan un programa para cada paciente. “Seguimos sus criterios porque ellos saben lo que necesitan. Si quieren mantener una dosis de metadona estable, hacemos eso mismo, y hay gente que recibe esta terapia desde que llegamos a Lisboa hace 20 años. Si nos piden ayuda para reducir su dependencia, hacemos una reducción programada, poquito a poco”.

Las unidades móviles de reparto de metadona en Lisboa fueron creadas en 1998, parte de una iniciativa para atender a los drogadictos en aquel emblemático barrio de la droga, Casal Ventoso. La campaña tuvo tanto éxito que la flota fue expandiendo. Financiados por la SICAD y el Gobierno Municipal, actualmente cuentan con cuatro unidades móviles que circulan por la ciudad a lo largo del día, haciendo 10 paradas en puntos dispares de la capital, cinco por la mañana, cinco por la tarde.

Atienden en torno a 1.200 personas al día, y estos vienen de todas las clases sociales imaginables, desde las personas sin techo que duermen en los portales de la Avenida Almirante Reis, hasta controladores de tráfico aéreo del Aeropuerto de Lisboa y periodistas de los principales periódicos portugueses.

“Se trata de un programa de reducción de riesgos y minimización de daños”, explica Elsa Belo, coordinadora general de la Asociación. “Eso significa que estamos aquí para apoyar la gente que consume drogas, aliviando sus síntomas de abstinencia con metadona. El objetivo es atraer estas personas, facilitar el acceso a la metadona, pero también ofrecerles asistencia en todos los sentidos”.

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El enfermero de la unidad móvil de la Asociación Ares do Pinhal comprueba los datos
médicos de un paciente antes de administrar la dosis de metadona. | Enric Vives-Rubio 

Para Belo, todos los sentidos quieren decir todos los sentidos, con ayuda médica, social, laboral. Desde la consulta médica ambulatoria se controla todos los aspectos de la salud del paciente, y una vez al mes incluso aparecen con un rayos-x móvil.

“La única obligación que tienen nuestros pacientes es someterse al rayos-x una vez por mes, para detectar si tienen tuberculosis. Hace 40 años la tuberculosis estaba prácticamente erradicada en Portugal, pero con la crisis de la drogadicción volvió, e incluso aparecieron nuevas variantes resistentes a los antibióticos. Es una medida de salud pública”.

Por lo demás, todo es cuestión de facilitar la vida de los pacientes.  “Si le hacemos un análisis al paciente y da positivo para VIH, le llevamos al hospital y mediamos con los funcionarios públicos. Hacemos un seguimiento de sus consultas, le recordamos cuando tiene la próxima y, si es necesario, le llevamos personalmente. ¿Es desorganizado? Le gestionamos las pastillas y le damos las indicadas para cada día cuando vienen a tomar su doce de metadona diaria”.

¿Llevan años viviendo en la calle y no tienen DNI? Los trabajadores de la Asociación les asisten para conseguir otro. ¿Quieren alejarse de un entorno de riesgo y hacer una desintoxicación social? Ares de Pinhal les consigue consultas en centros de tratamiento, o les refiere a complejos de internamiento fuera de la ciudad.

“Es como si eran nuestros hijos, un hijo que llevas al médico, bañas, cuidas, das de comer… Aquí estamos para darles todo lo que necesiten, pero con libertad y respecto”.


 

III. ¿Todo un éxito?

 

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Botes de metadona en el lisboeta Centro das Taipas. | Enric Vives-Rubio

La descriminalización de las drogas en Portugal no ha sido la panacea.

Los jóvenes siguen experimentando con las drogas, y sigue habiendo drogadictos. Se han registrado varios casos de consumo de crack, y en algunas partes del antiguo barrio de Casal Ventoso –que fue vaciado, destruido y reedificado hace unos años en un intento de poner fin a la venta y consumo de drogas en sus calles– vuelve a haber tráfico de sustancias ilícitas.

Sin embargo, década y media después de la implementación del modelo portugués, pocos pueden alegar que no haya sido un éxito. Lejos de las profecías que auguraban que el país se iba a convertir en una zona anárquica llena de drogas, el Observatorio Europeo de Drogas y Drogadicción indica que el consumo de sustancias ilícitas en Portugal ha caído desde la implementación de la ley, y que los portugueses consumen menos drogas y a una escala menor a la media europea.

En 2001 el 16,6% de la población había consumido drogas durante los anteriores 12 meses; en 2012, ese número había caído al 13,1%. Las estadísticas del Instituto de las Drogas y la Tóxico-Dependencia de Portugal, entretanto, indican que han caído las tasas de prevalencia de consumo de por vida –es decir, el número de personas que consumen una droga determinada a lo largo de sus vidas– para casi todos los tipos de droga.

Tampoco se ha cumplido la predicción de que Portugal sería el Amsterdam del sur de Europa, lleno de turistas buscando un colocón: las estadísticas policiales indican que más del 90% de las personas que son citadas para comparecer ante las Comisiones Disuasorias son  portugueses.

Quince años no son nada
Década y media después de su implementación, ¿qué opina la primera línea de la lucha contra la drogadicción sobre la Ley 30/2000?

“Ciertamente ha sido una ley que ha sido efectiva en dar forma a este proceso”, dice Vascco Gomes, presidente de la Comisión Disuasoria de Lisboa.

Fernanda Brum, psicóloga del Centro Das Taipas es más entusiasta en su valorización. “Lo más importante de esta ley es que reorientó todo para que dejara de ser un problema judicial y fuera visto como un problema de salud. Fue clave, y está muy bien que nuestro pequeño país lideró este proceso”.

“No nos quedaba otra opción, pero fuimos pioneros”

“Creo que dónde más impacto tuvo fue en las prisiones”, dice Brum. “Estaban llenas de pequeños consumidores, algo que no tenía sentido alguno, y que a la vez sólo facilitaba la transmisión de VIH y hepatitis. No quedaba otra opción, pero fuimos pioneros”.

La doctora Esther Casado, también del Centro Das Taipas, destaca que la ley ayudó fortalecer la red de apoyos para los drogadictos. “Portugal tienen una red infinitamente más amplia que la que existe en España. También cabe destacar que todos los centros lusos cuentan con psiquiatras, cosa que no es tan común al otro lado de la frontera. El tratamiento multidisciplinar es clave, ya que el 80% de las personas que vienen aquí tienen patologías psiquiátricas, cuadros depresivos, trastornos de personalidad, ansiedad. Tratar el consumo sin tratar el cuadro psiquiátrico es una pérdida de tiempo”.

Elsa Belo, de la Asociación Ares do Pinhal destaca que “el cambio legal de 2001 fue clave porque institucionalizó muchas de las prácticas que se llevaban a cabo en el ámbito sanitario no contaban con un amparo legal explícito”.

“Antes de la promulgación de la ley la policía era nuestra enemiga. Nuestros pacientes huían de ella, y ellos nos complicaban la labor de ayudar a los enfermos. Ahora colaboran con nosotros y colaboran con nosotros. Cuando pillan a nuestros pacientes consumiendo en la calle, muchas veces nos los traen directamente, porque saben que esta persona no está cometiendo un crimen, es simplemente una persona que necesita una medicación”.

“La ley facilitó la lucha, y el éxito de ese proceso se ve al nota que ya no entra gente nueva en este program. Sólo quedan los ‘clasicos’ de toda la vida. Personas que, a su vez, han dejado de estar marginalizados y rechazados por la sociedad”.

¿Cambiarían algo?

“Hay partes de la ley, en el sentido estrictamente legal, que ya son obsoletas”, dice Gomes. “Según el texto, las Comisiones Disuasorias tendrían la potestad para ordenar que las personas citadas dejen de andar con ciertos individuos, o prohibirles el acceso a sitios particulares. En la práctica no tiene mucho sentido, para poder ejecutar semejante orden la policía tendría que seguir los sujetos a todas partes”.

Belo dice que ampliaría la ley. “Me parece de sentido común establecer sitios donde los dependientes vayan a utilizar las drogas con supervisión médica. Sabemos que van a consumir: mejor hacerlo dónde profesionales sanitarios puedan asegurarse que lo hacen de la manera más segura  posible”.

‘Lo terrible de las drogas es que son buenas’
Por su parte, quince años después de la aprobación de la ley, Goulão considera que el modelo portugués ha sido un éxito satisfactorio, y reconoce que especialistas de todas partes del mundo han venido a Portugal para ver cómo funciona. Acepta que el modelo portugués sea digno de estudio, e incluso exportable –“con modificaciones”– en otros países.

“Es cuestión de descriminalizar  con exactitud. Una de las grandes diferencias entre nuestra legislación y la española es que en España no establecen qué diferencia la posesión para uso personal de las cantidades que implican tráfico de droga. Cuando dejas que la policía lo decida, creo que se abre la posibilidad de que sea un proceso peligrosamente subjetivo”.

Goulão reconoce que el país sólo dio el paso cuando la situación se convirtió desesperada. “No había persona en Portugal –desde el más rico hasta el más pobre– que no tuviera algún familiar drogadicto o víctima de una sobredosis. Y en ese colectivo incluyó a los miembros del Consejo de Ministros que decidió presentar esta legislación”.

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El doctor Goulão. | Enric Vives-Rubio

“Toda mi vida he sido militante del Partido Comunista, y veo las cosas desde un punto de vista clasista. Creo que Portugal dio el paso y fue pionera en este aspecto porque era una crisis transversal, que afectaba a todas las clases. Cuando era cosa de pobres, los drogadictos eran gente sucia, bandidos. Cuando comenzaron a haber casos entre los hijos de la élite, esa perspectiva cambió”.

El doctor señala que muchos aspectos de la drogadicción y el tráfico de drogas van ligados al estado de la economía. “Esa gente que traficaba con drogas en Casal Ventoso en los años 80 y 90 no eran malas personas. Eran infelices que habían perdido sus trabajos en la marina mercante con la desaparición del imperio colonial, y que se habían buscado la vida primero con el contrabando y después con la droga. Yo llegué a ver a una señora de 80 años vendiendo heroína desde su ventana, y simultáneamente ofreciendo vasos de sopa a los drogadictos que aparecían por ahí porque los pobrezinhos estaban muy flacos”.

“La gente recurre a las drogas para escapar de otros problemas, y lo hacen porque las drogas son maravillosas”, afirma Goulão.“Yo siempre se lo digo a mi hija de 14 años: Te van a decir que las drogas son malas. Lo terrible de las drogas es que son buenas. Dan sensaciones muy buenas. Dan placer. Lo malo es que se transforman en el único placer que las personas son capaces de sentir”.


Esta es la versión inédita y completa del reportaje sobre la descriminalización de las drogas en Portugal y el éxito del ‘modelo portugués’, originalmente publicado el 19 de marzo de 2016 en EL ESPAÑOL.

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