BPI cede el control del Banco de Fomento de Angola a Dos Santos y deja vía libre a Caixabank

A última hora de la noche del martes y en vísperas de la celebración de la asamblea general en la que Caixabank se podría hacer con el control del mismo, el Banco Portugués de Inversiones (BPI) anunció un acuerdo de venta del 2% del capital social que controla en el Banco de Fomento de Angola (BFA) a la operadora Unitel, controlada a su vez por la angoleña Isabel Dos Santos. La empresaria africana, que ya controla el 49,9% del capital del BFA, pasaría a ser la mayor accionista de la entidad angoleña, pagando 28 millones de euros por las 26.111 acciones.

El acuerdo fue formalizado a través de un comunicado publicado conjuntamente por el BPI y Unitel en la página web de la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa. El BPI retiene un 48,1% del capital del banco –del que provienen el 75% de los beneficios del banco luso– y cumple con las órdenes del Banco Central Europeo (BCE), que exigió que la entidad portuguesa redujera su exposición al mercado angoleño.

El acuerdo de venta tendría especial significancia para el futuro del BPI, pues incluye la condición de que sólo se llevara a cabo la operación en el supuesto de que Dos Santos –a través de su ‘holding’, Santoro– acepte eliminar la limitación de los derechos de votos dentro de la asamblea de la entidad lusa. Este factor es clave en la opa de Caixabank, pues aunque la entidad catalana controla un 45,16% del capital del banco portugués, los estatutos del BPI limitan los derechos de votos de cada accionista al 20%. Este factor hace que Caixabank tenga el mismo poder que Dos Santos –hija del dictador angoleño Eduardo Dos Santos y actualmente la mujer más rica de África– dentro del banco portugués. La africana controla apenas un 18,6% de las acciones de la entidad, pero su peso es prácticamente idéntico al de los catalanes.

Hasta ahora Dos Santos había conseguido bloquear la opa de Caixabank por el 100% del BPI junto al empresario portugués Tiago Violas, accionista minoritario que, pese a sólo poseer 2,6% de la entidad, consiguió aplazar votos claves en el proceso a través de demandas y la solicitud de medidas cautelares. Sin embargo, Violas ya da por hecho que los catalanes se harán con el control del banco portugués, y el nuevo acuerdo entre el BPI y Unitel indica que la operación contará incluso con el beneplácito inesperado de la empresaria angoleña.

Dos años de negociaciones y culebrones
Caixabank intentó hacerse con el control del BPI a principios de 2015, cuando lanzó su opa inicial sobre la entidad portuguesa ofreciendo 1,329 euros por acción. A esa altura, como ahora, la tentativa fue bloqueada por Dos Santos y Violas: la angoleña argumentó que la oferta era demasiado baja mientras que el empresario luso defendió que el banco debería seguir siendo un proyecto “multiaccionista” y se opuso a la ‘españolización’ de la entidad.

El delicado estado del banco portugués y su necesidad de reducir su exposición al mercado angoleño a instancias del BPI hizo que volvieran a surgir negociaciones entre la multimillonaria Dos Santos y los catalanes el pasado otoño. Caixabank se quería hacer con el control del BPI. Dos Santos quería hacerse con el control del BFA. En principio, parecía que sería un proceso simple: la empresaria dejaría de bloquear a Caixabank dentro de la asamblea general del banco y los catalanes le venderían las pocas acciones que necesitaría para que ella consiguiese la ansiada mayoría en la entidad angoleña.

Disputas acerca del precio de las acciones, sin embargo, hizo que el proceso se complicara. La fortuna de Dos Santos va inevitablemente ligada a la economía de Angola, que actualmente pasa por un momento complicado, tanto que se ha visto obligado a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la caída del precio del petróleo, que representa el 40% del PIB nacional. La empresaria rechazaba tener que poner dinero líquido para adquirir las acciones, pero el BPI, que todavía no ha recibido unos 66 millones de euros en dividendos que le debe el BFA desde 2014, exigía un pago efectivo para llevar a cabo la operación.

La presión por parte del BCE, que amenazaba con imponer multas 160.000 al día al banco si no reducía su presencia en el BFA antes del 10 de abril, hacía que una resolución fuera cada vez más necesaria. Dos Santos utilizó el tiempo a su favor, haciendo uso del estatuto limitando el derecho de voto para bloquear a Caixabank e intentar conseguir un acuerdo especialmente jugoso. Inicialmente pareció que lo había conseguido, pues se llegó a anunciar un acuerdo entre las partes, pero finalmente la angoleña dio marcha atrás y rompió el pacto al que había llegado, pidiendo mayores concesiones por parte de los catalanes.

Fue entonces cuando el primer ministro socialista António Costa tomó cartas en el asunto: el colapso de Banif y Novo Banco el pasado diciembre habían minado las políticas económicas del Gobierno, y el BPI no podía convertirse en otro dolor de cabeza para el Ejecutivo. Por este motivo, Costa promulgó un decreto ley obligando a los accionistas de los bancos lusos a votar el futuro de las limitaciones sobre los derechos de votos en sus respectivas asambleas generales. Casi simultáneamente, el Consejo de Administración del BPI aceptaba contemplar una nueva opa de Caixabank, esta vez por 1,113 euros por acción.

Pese a ser inferior a la oferta rechazada en mayo de 2015, la actual opa es vista favorablemente por el Consejo, ya que consideran que nuevos dueños lograrían resolver el asunto de las acciones mayoritarias en el BFA y las posibles multas del BCE. Por su parte, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ha señalado que el banco no aumentará el precio que ofrece, y que es superior a los 1,091 euros por los que las acciones del BPI cotizan en la actualidad.

A principios de septiembre fuentes de Caixabank indicaron que los catalanes habían perdido la paciencia con el proceso y se preparaban para retirar la oferta. Sin embargo, el cambio en la posición de Dos Santos y el aparente rendimiento de Violas dejan el objetivo al alcance de Barcelona. El futuro dependerá del voto de los accionistas de la asamblea general del BPI, que tendrán que decidir si eliminan la limitación a los derechos de voto este miércoles. Si votan a favor, todo indica que el BPI será catalán.


Publicado originalmente en EL ESPAÑOL, edición del 21 de septiembre de 2016.

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