Portugal denuncia al Gobierno ante Bruselas por la Central de Almaraz

Dos vecinos, tradicionalmente con excelentes relaciones, se ven las caras por una central nuclear con la Comisión Europea como árbitro. A media tarde del lunes fuentes del Ministerio de Medio Ambiente de Portugal confirmaron a EL ESPAÑOL la presentación de una queja formal contra España por los planes para construir un almacén de residuos en la Central Nuclear de Almaráz (Cáceres).

Según las autoridades lusas, la obra civil viola las reglas comunitarias que exigen un acuerdo formal entre Estados miembros de la Unión cuando uno de ellos contemple una medida que afecte el medioambiente a nivel transfronterizo.

Desde el año pasado, la central de la discordia mantiene a los portugueses en vilo. Las instalaciones, ubicadas a unos 100 kilómetros de la frontera hispano-lusa, son motivo de denuncias tanto por parte de asociaciones antinucleares como por los inspectores del Consejo de Seguridad Nacional, quienes hace un año revelaron que había fallos potencialmente catastróficos en el sistema de refrigeración de la planta.

Un informe portugués publicado en la misma época concluyó que, en caso de producirse un accidente nuclear en Almaraz –una central construida en los 80–, estaría en riesgo no sólo Extremadura, sino toda la región portuguesa del Alentejo e incluso los 300.000 habitantes de la capital portuguesa en Lisboa, ya que los reactores están situados sobre el Tajo que desemboca en la ciudad.

PETICIÓN UNÁNIME DE CIERRE
En abril, la Asamblea de la República portuguesa aprobaba una petición unánime solicitando que se adelantara el cierre de la Central –oficialmente previsto para 2020–, pero el Gobierno de Mariano Rajoy, entonces en funciones, rehusó tratar el asunto, alegando que carecía de la autoridad para tomar medidas al respecto.

La sorpresa de los portugueses fue mayúscula cuando el pasado otoño el mismo Ejecutivo en funciones dio el visto bueno para la construcción de un Almacén Temporal Individualizado, el cual prolongaría la vida útil de las instalaciones. La licencia de la empresa operadora de la Central caduca en 2020, pero esta ya ha solicitado una renovación que extendería su control de las instalaciones unos 50 años adicionales.

Durante los últimos 12 meses, el Gobierno portugués ha intentado resolver el asunto de manera bilateral, solicitando reuniones con sus homólogos españoles en repetidas ocasiones. Durante gran parte del año, las autoridades en Madrid les dieron la espalda, rechazando celebrar reuniones a alto nivel sobre el asunto. Incluso después de la investidura del nuevo Gobierno de Rajoy las autoridades españolas se mostraron reacias a recibir los delegados portugueses, lo que hizo que algunos diputados instaran al Ejecutivo luso a pedir la intervención de Felipe VI en la polémica durante su visita de Estado el pasado noviembre.

La reunión esperada entre los ministros españoles de Medio Ambiente y Energía, Isabel García Tejerina y Álvaro Nadal, y el ministro de Medio Ambiente luso, João Matos Fernandes, finalmente tuvo lugar el pasado jueves, pero fuentes del Ministerio portugués indican que los españoles se limitaron a prometer compartir futuros informes sobre la central con el país vecino, y en ningún momento aceptaron negociar el cierre de la planta. Ante la intransigencia de Madrid, Lisboa ha decidido llevar el caso a Bruselas.

POSIBLES SANCIONES EUROPEAS
Desde la capital comunitaria, el secretario de Estado para la Unión Europea español, Jorge Toledo, confirmó ante los medios lusos que la construcción del almacén de residuos nucleares en Almaráz “comenzará en los próximos días” y adelantó que la obra civil durará casi un año antes de ser completada, por lo que no será funcional hasta 2018.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente luso indican que la queja presentada el lunes en Bruselas no puede impedir que España siga adelante con la construcción del almacén de residuos radioactivos, pero que sí podría ser útil para evitar que el almacén entra en funciones, ya que la Comisión deberá pronunciarse acerca de la petición lusa antes de concluir el año.

En declaraciones a EL ESPAÑOL el diputado Pedro Soares, presidente de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea de la República, calificó la medida como “necesaria” ante la falta de respuesta de España.

“La reunión de la semana pasada fue inconclusa, por lo que la presentación de la queja fue inevitable. Es obvio que la construcción del almacén implica la posibilidad de un impacto ambiental transfronterizo. Las normas de la UE y la buena relación entre vecinos exige que España permita a Portugal participar en la evaluación de estos impactos y de los estudios técnicos sobre el futuro de la central, pero el Estado español niega todo acceso a nuestros investigadores”.

El diputado asegura que, además de ser una preocupación medioambiental, se trata de un problema de seguridad.

“VIDAS DE MILES DE PERSONAS” EN JUEGO
“Lo que está en juego son las vidas de miles de personas, de nuestro territorio nacional”, afirma Soares. “A medida que la Central envejece los riesgos aumentan, sobre todo cuando sabemos que se han registrado fallos en esta planta repetidamente. Nosotros no queremos entrar en la política energética de España; ese es un problema de Madrid. Lo que nos importa es la seguridad de los portugueses”.

Jorge Costa, diputado del Bloque de Izquierda y una de las voces más críticas en el debate sobre el futuro de Almaráz, coincide con Soares en considerar que la Central “no es un asunto interno de España”.

“Los portugueses se están movilizando porque este es un asunto que nos pone en peligro a todos. Por eso no sólo la Asamblea de la República ha promulgado una declaración unánime en contra de su extensión de vida útil, sino que también lo han hecho las juntas municipales de decenas de ciudades lusas, desde Lisboa hasta las aldeas más pequeñas de la zona fronteriza”.

“Contamos con el apoyo político de diputados del Congreso en Madrid, como también del Parlamento extremeño, y tenemos la confianza que esta queja ante la Comisión nos permitirá llamar mayor atención hacia este problema tan urgente”.

Ante la posibilidad de que la Comisión tarde un año en pronunciarse sobre el asunto, el diputado Soares declara que cuanto más tarde Bruselas en tomar medidas al respecto, más desilusionados quedarán los ciudadanos portugueses con las instituciones europeas.

“Nos han fallado con el euro, con la crisis de los refugiados. Si nos fallan en esto, sólo confirmará que la Comisión es otra institución europea que no funciona”, advierte.

Costa, sin embargo, se muestra optimista, ya que considera que es inevitable que las autoridades comunitarias fallen a favor de Portugal en este asunto.

“Nos vemos amparados por numerosas convenciones internacionales y reglamentos europeos que establecen que países vecinos tienen que ser oídos y ser partícipes en la evaluación de temas que puedan afectar el medio ambiente de ambos”, insiste el diputado. “Tenemos confianza que la Comisión nos apoyará, y tenemos confianza que si inspectores portugueses participan en la evaluación técnica de la fábrica, sus informes dejarán a España sin argumentos para extender la vida de una Central que debería haber cerrado hace años”.

Mientras la queja portuguesa sigue su curso en Bruselas, la presión popular crece. La semana pasada miles de lisboetas se congregaron ante la embajada de España en la céntrica Avenida da Liberdade para exigir el cierre de la Central. El Movimiento Antinuclear Ibérico tiene planeada una conferencia en la capital lusa el próximo 4 de febrero, donde representantes políticos y de la sociedad civil coordinaran futuras acciones sociales en contra de las instalaciones extremeñas.

“Somos cada vez más quienes claman contra esta situación y que sabemos que estamos viviendo un momento crítico en este proceso”, concluye Costa. “Aunque Bruselas sea lenta, la presentación de esta queja no supone un carpetazo al dossier de Almaráz, sino un paso hacia su cierre definitivo”.


Artículo publicado originalmente en El Español, edición del 17 de enero de 2017.

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