Durante el último año una voz se ha mantenido alzada, exigiendo saber qué falló hace 12 meses. Es la de Nádia Piazza, la jurista brasileña que preside de la Asociación de Víctimas del Incendio de Pedrógão Grande (AVIPG), el movimiento cívico que ha mantenido la presión para evitar que el Estado deje que la tragedia caiga en el olvido.

Hace un año Piazza se encontraba de viaje en Irlanda, donde había descubierto que estaba embarazada por segunda vez. En medio de esa felicidad, le llegaron alertas sobre un incendio cerca de Figueiró dos Vinhos, donde reside desde hace más de una década. “Mi hijo de cinco años estaba pasando el fin de semana con mi ex marido y llamé para saber qué tal estaban. No obtuve respuesta. Llamé a mi suegra, a todos sus familiares, pero nadie respondía. Entré en pánico y volví a Portugal cuanto antes”.

La madrugada del día 18 ella ya estaba ahí, esquivando las barreras policiales y un bosque en llamas para llegar a la casa de su suegra. Encontró la mesa puesta para nueve comensales y la cena en el horno, fría, sin tocar. Durante las próximas 36 horas Piazza recorrió la zona, desesperada por encontrar a su hijo. No sabía que él y toda su familia política habían muerto en la “Carretera de la Muerte” el mismo día que el incendio comenzó.

Tras el entierro de su hijo, Piazza quedó a la espera de que las autoridades exigieran explicaciones por lo ocurrido, pero recuerda que “solo lloraban y hablaban de ello como una serie de trágicas circunstancias”, actitud que la indignó.

“Aquí falló literalmente todo: Protección Civil, la organización de los medios, el planeamiento forestal. No fue una tragedia puntual, sino el resultado de políticas fallidas a lo largo de años. En un país nórdico el Gobierno habría caído por esto, pero aquí faltó vergüenza por parte de los políticos, y faltó una sociedad civil en pie, como la que tomó las calles de Galicia tras los incendios ahí”.

Piazza achaca la falta de indignación pública en Portugal a la larga dictadura salazarista, “que hizo que la gente se acostumbrara a vivir con la cabeza bajada. Yo crecí en Brasil, un país inseguro donde la ausencia de Estado ha fomentado la evolución de un sociedad civil acostumbrada a luchar; avanzamos a pesar del Estado, enfrentado a él”.

Con ese espíritu reivindicativo, Piazza contactó los familiares de las otras víctimas y les convenció para se unieran para exigir explicaciones. “Las autoridades se quedaron en shock cuando vieron que no éramos las típicas víctimas portuguesas, tristes y sumisas”.

Durante el último año la AVIPG ha conseguido varios de sus objetivos, entre ellos la consecución de las primeras indemnizaciones monetarias que el Estado luso paga a víctimas de un incendio forestal y una investigación independiente de lo acontecido. La Asociación también ha intentado mejorar la prevención de incendios en Portugal, pero la jurista reconoce que queda mucho para cumplir esa misión, y que de momento el país sigue igual de vulnerable que hace un año.

“Las medidas que aprobó el Ejecutivo carecen de fiscalización, son papel mojado. Espero que me equivoque, pues no le deseo esta pesadilla a nadie, pero creo que es cuestión de tiempo antes que se produzca otra tragedia semejante. Si no pasa este año, es porque no queda nada por arder”.

Pese a la frustración que eso implica, Piazza continúa con su trabajo determinado al frente de la AVIPG, y descarta la posibilidad de dejar el sitio donde vive rodeada de memorias del hijo que perdió.

“Yo quería a ese niño mucho y para mi dejar este lugar sería abandonarlo. Tengo que ser fuerte, pero de aquí no me voy hasta que no sienta que se le ha homenajeado plenamente, que su muerte ha sido vengada, que se ha hecho justicia”.

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Una versión editada de esta revista fue publicada en el diario EL MUNDO, en su edición del 17 de junio de 2018.